Para entender a cabalidad lo que ha estado sucediendo en torno al tema de equidad de género y la participación política, necesariamente tenemos que hacer un balance histórico para ir viendo como se ha estado dando este proceso hasta el día de hoy.

Es importante señalar que, el matriarcado no fue un invento. Fue una realidad histórica concreta que se dio en algunas sociedades de la antigüedad. En ella, la mujer estaba a cargo de la distribución de los bienes del Clan. Es decir, su poder era real. Probadamente, a partir de esa experiencia se explica que las mujeres sean mejores administradoras.

Estos antecedentes históricos lo traigo a colación para dejar establecido que mujer y poder no son realidades excluyentes, sino más bien, una referencia obligada de una categoría que se ha estado construyendo poco a poco a través del tiempo y que hoy en día ha estado tomando mayor validez.

Estoy convencido de que es así. Pues en las décadas de los 70s, 80s y 90s las mujeres han ido abandonando sus tradicionales roles de: esclavas, servidumbres, amas de casas, niñeras, cocineras, monjas y un largo etcétera. Hoy, sea por las razones que fuere, encontramos a las mujeres con cierto niveles de participación social y política, ¡En fin, todo una revolución! En materia de género y de construcción de poder.

Lo de su llegada (de alguna mujer) a la presidencia de cualquier país se podría interpretar no como la conclusión de ese proceso de extrapolación del poder, sino, es más que un punto de llegada, un punto de partida hacia la construcción de un proceso realmente democrático. Y estos cambios no se han dado sólo en Occidente. También, en el Lejano Oriente, en donde históricamente se han establecido las culturas patriarcales más antiguas de la humanidad, hay (o han habido) indicios o reflejos de esa realidad: Indira Gandhi y Benazir Bhutto, dos ejemplos. Así como Margaret Thatcher y Violeta Chamorro. Lo de Sila Calderón, en Puerto Rico, también es digno de mención.

Lo que sucedió recientemente en Argentina, con la senadora Cristina Fernández de Kirchner, fue prácticamente crónica de una muerte anunciada.

Sin embargo, la década de los noventa fue un periodo de avances notables con respecto a la conquista de los derechos de las mujeres en múltiples dimensiones del desarrollo. Estos avances han sido posibles sobretodo gracias a la lucha de millones de mujeres que – en el mundo – han impregnado con sus demandas, sus voces y sus acciones prácticamente todos los ámbitos de la sociedad.

Indudablemente que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, representa el hito en la agenda de género. A nivel de América Latina y el Caribe, sus orientaciones y acuerdos se fortalecieron en la Octava y Novena Conferencia Regional sobre la Mujer, celebradas en Perú (2000) y en México (2004). En el llamado Consenso de México, los gobiernos de la región reafirmaron su decisión de implementar políticas publicas que ayuden a superar las condiciones de pobreza que afectan a las mujeres de la región, y a adoptar políticas proactivas para la creación de empleos, al tiempo de reconocer el valor económico del trabajo domestico y productivo no remunerado.

En la declaración final se fomenta la participación plena e igualitaria de hombres y mujeres en todos los niveles de toma de decisiones en el Estado, la sociedad y el mercado y fomentar la participación de la sociedad civil en los procesos de adopción de decisiones en los ámbitos local, nacional, regional y global.

Con respecto a ésto último, es decir la participación política de las mujeres, en los últimos años, se ha producido un incremento de la representatividad de la mujer en el Congreso Nacional y en los municipios. La fijación de cuotas de participación para las mujeres en candidaturas a cargos electivos y directivos es el principal mecanismo adoptado para promover la participación política de las mujeres.

La equidad de género, elemento constitutivo de la equidad social, exige un enfoque integrado de las políticas públicas. Hasta ahora, ha prevalecido en la región una asociación de las políticas de género con las políticas sociales; recién a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se comenzaron a desplegar más esfuerzos por relacionarla con las políticas macroeconómicas y de gobernabilidad sistémica. Al finalizar el siglo aún se trata de armonizar, desde la perspectiva de la indivisibilidad de los derechos humanos, las políticas económica y social, el desarrollo institucional y la gobernabilidad, y la participación social y ciudadana, en el marco de un análisis de género que forme parte de un enfoque transdisciplinario e intersectorial.

Ahora bien, para que se pueda seguir avanzando en el proceso de construcción democrática con equidad de género es necesario asumir algunos desafios.

Las políticas de género deben entenderse como una contribución al logro de la armonía entre los principios de universalidad (derechos de todas las mujeres) y de solidaridad (necesaria atención especial a grupos específicos, como niñas, jefas de hogar, jóvenes embarazadas, víctimas de violencia, campesinas pobres e indígenas), que trasciende el debate sobre la focalización que ha caracterizado a gran parte de las políticas sociales en las últimas décadas.

En la mayoría de los países ha aumentado significativamente la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, su aporte a los ingresos familiares y su nivel educativo. Los efectos de este fenómeno no se han limitado al ámbito económico, sino que también se han traducido en una modificación de patrones culturales y estructuras familiares, y un incremento del nivel de autonomía digno de ser destacados.

El rendimiento educativo de las mujeres, que ha superado el de los varones en varios países de la región, no se está reflejando en el acceso más equitativo al mercado laboral, ni en una disminución equivalente de la brecha de ingresos y salarios.

En cuanto a su participación en la gestión política pese a que ha habido importantes logros en materia de participación, aun sigue predominando, en relación a cuota de participación, lo que puede entenderse como un derecho cedido y no un derecho ganado y conquistado.

En definitiva es necesario trabajar arduamente para ir vinculando aun más, el hecho de que sin equidad de género no hay democracia.

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Autor: Pablo Vicente